Editorial: La reforma pirata
El desconocimiento de contratos puede traer abajo la reforma del transporte y ser muy costoso para el municipio de Lima.
(Foto: Archivo El Comercio)
El transporte público es percibido como el segundo problema más grave de Lima. Se estima que la ciudad pierde 7.000 millones de dólares al año por la crisis del transporte. Por ello, y pese a la cuestionada gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la mayoría de limeños aprobaba la reforma del transporte y su continuación por parte del actual alcalde Luis Castañeda.
Esta reforma se basa en un sistema de corredores viales, a ser otorgados por concursos a operadores privados, reduciendo así la cantidad de unidades vehiculares y retirando a los operadores informales, incluidos, por supuesto, el sambenito de nuestro transporte: las combis piratas. En enero del 2014 empezó el otorgamiento de la buena pro a las primeras empresas ganadoras de dichos concursos y desde agosto del 2014 comenzó su operación.
La semana pasada, sin embargo, la reforma encontró un gran bache. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró nulos los contratos de tres consorcios que operaban en los corredores Tacna-Garcilaso-Arequipa, Javier Prado, y San Juan de Lurigancho-Brasil. Esto trajo la queja de los pasajeros, que vieron reducida la oferta de buses, y de dos operadores excluidos, que ya han anunciado una demanda arbitral contra la MML pidiendo una indemnización de 120 millones de dólares.
La municipalidad argumenta que estos contratos son nulos porque no contaron con la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que luego de revisarlos había encontrado graves deficiencias. Por esa razón, había solicitado a los concesionarios que acepten las adendas preparadas por la MML y, ante su negativa, declaró la nulidad de los contratos y dispuso el retiro de sus buses de las rutas originalmente entregadas.
Una decisión bastante polémica por parte de la MML, más aun si se recuerda que la actual administración había adjudicado ya algunas rutas usando los mismos contratos. Además, en octubre del año pasado, la municipalidad se había opuesto frontalmente al MEF y a su postura de que dichos contratos debían pasar por su filtro.
Para la MML, entonces, los contratos no tenían que contar con el visto bueno del MEF, ya que no comprometían recursos públicos –es decir, eran autosostenibles– y la obligación de pasar por dicha aprobación no era aplicable, pues esta recién surgió con una modificación legal posterior a la celebración de dichos convenios. En otras palabras, se trataba de la aplicación retroactiva de una norma, algo prohibido por la Constitución.
¿Qué sucedió para el diametral giro de la MML? Es una pregunta sin respuesta hasta la fecha. Lo cierto es que la municipalidad respalda ahora al MEF y ha cuestionado los contratos firmados, responsabilizando a la gestión de Villarán por haberles dejado esas “bombas de tiempo”.
La inusitada epifanía de la municipalidad, sumada a la crítica de algunos expertos a su posición, siembran legítimas dudas respecto de los verdaderos móviles de este cambio. ¿Se trata realmente de un vicio, o es solo un intento de la actual administración por desechar lo realizado por la anterior?
Y si fuera esto último, nos encontraríamos ante la terrible constatación de que nuestras autoridades aún no comprenden que los contratos no empiezan ni terminan cuando ellos asumen y culminan sus encargos. Y que ignorar los compromisos asumidos por las administraciones anteriores puede suponer costosas consecuencias.
En estas circunstancias, es fundada la preocupación de quienes temen que este sea el inicio del hundimiento de la reforma del transporte. El desconocimiento de contratos, no solo puede acarrear millonarias indemnizaciones, sino también dar la señal que necesitan las combis piratas para volver a la carga.
Fuente: El Comercio
