Para el presidente de la Unión Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Gabriel Lombide, no hay grises en torno a legalidad de Uber y las acciones que el Estado uruguayo debería emprender. "Si hubiera sido cualquier otra aplicación que facilitara a los usuarios de la aplicación violar las leyes y normativas nacionales ya se hubiera sancionado", dijo a El Observador. "¿Cuál es la diferencia en este caso?", se preguntó, y rápidamente contestó: "El poderío de la empresa".
El jerarca dijo que la Ursec tiene la capacidad tecnológica para bloquear la aplicación. Consultado por el caso hipotético de que la aplicación fuera restaurada una vez aplicado el bloqueo, como ya sucedió en lugares como Turquía, Lombide dijo que "se seguiría bloqueando".
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había anunciado hace dos semanas su intención de "bloquear la frecuencia" de la aplicación, siempre y cuando la normativa lo habilitara a hacerlo. Si bien la Ursec colabora con las intendencias en diferentes asuntos, el organismo solo responde al Poder Ejecutivo. Y, como tal, cualquier decisión de bloquear la aplicación tendría que provenir de la órbita de Presidencia o el ministerio correspondiente. "Estamos esperando que alguien se la juegue", dijo Lombide. Sin embargo, reconoció que el tema "aún está verde".
La hipotética decisión de bloquear la señal presenta sus complicaciones para el organismo regulador en tanto que las acciones que emprende son de carácter nacional y no departamental. Por este motivo es que la sección jurídica de la Ursec estudia la normativa vigente en los 19 departamentos. El titular de la Ursec señaló que "ya han estudiado el tema en detenimiento", pero dijo que no podían adelantar las conclusiones de ese estudio.
En tanto, el vicepresidente de la Internet Society, Raúl Echeberría, dijo a El Observador que "no existe tal concepto como bloquear la frecuencia" de Uber. "Estamos hablando de bloquear el acceso a internet, eso implica filtrar contenidos", dijo el especialista, quien advirtió que se trata de "una medida extrema" y "contraria a la tradición del país".
"Bloqueo a la innovación"
Legisladores del oficialismo y la oposición, académicos, especialistas y empresarios coinciden en que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo relativo a servicios prestados mediante el uso de medios informáticos y
aplicaciones tecnológicas tiene problemas fundamentales.
El proyecto de ley del Ejecutivo está bajo tratamiento en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Allí, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, opinó que "con el afán de una simplificación muy grande", el proyecto pretende elaborar una norma que abarque a todos los sectores: transporte, hotelería, comida y libros, entre otros. En este sentido, Echeberría dijo que el proyecto es "desproporcionado", ya que "tiende a regular internet de forma general".
El artículo 3 del proyecto es especialmente problemático. Dicho artículo establece que cuando existe una intermediación a través de una plataforma electrónica informática, el agente que ofrece la plataforma "quedará sometido a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas específicas relativas al servicio final que se desarrolle como parte de su oferta". Eso quiere decir, por ejemplo, que Pedidos Ya –la paradigmática aplicación uruguaya– podría ser "responsable solidario" de la venta de alimentos de restaurantes incumpliendo con regulaciones específicas en el rubro, ejemplificaron varias fuentes consultadas.
Para Simón la "generalidad" presente en el artículo puede llegar a ser "demasiado restrictiva". En este sentido, la exministra de Educación y Cultura dijo que su "preocupación" es que se "genere un bloqueo a la innovación", según se desprende de la versión taquigráfica. "El intento de legislar en forma absolutamente general parece exagerado en el sentido de que es difícil innovar en un contexto en el que además se asimilan servicios que no necesariamente son asimilables", dijo la decana.
En esta línea, Echeberría sostuvo que en el mundo hay una visión contraria a la responsabilización de los intermediarios de internet. "Hay que generar condiciones apropiadas para que en el país se desarrolle esta nueva economía de internet en un marco ordenado", afirmó.
Representantes de la
Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) también manifestaron reparos en su visita a la comisión. "Entiendo que aquí debemos fomentar la innovación y esta iniciativa no va en esa línea. El mensaje que esto está dando es de preocupación de los inversores que están yendo hacia un lugar y dicen: ¡Ojo!, que en el online vamos a tener acciones severas y hasta a veces desproporcionadas", dijo el presidente de la CEDU, Marcelo Montado, en referencia al artículo 9 que da facultades al Banco Central del Uruguay para que, ante cualquier denuncia que establezca un organismo de control, pueda comunicar a los bancos el bloqueo de las cuentas de los usuarios.
En febrero, el diputado de Vamos Uruguay,
Adrián Peña, presentó un proyecto de ley para regular el servicio de las plataformas virtuales en el transporte público, que incluye el aporte de tributos por parte de las empresas y los trabajadores. Asimismo, considera la posibilidad de que las empresas puedan ser agentes de retención.
Uber apuesta a una regulación acorde a la aplicación
Según pudo saber El Observador, la empresa tecnológica Uber ve con buenos ojos el camino de la regulación en Uruguay, tal como ocurrió en otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, la empresa no está a favor de cualquier regulación, sino de una norma acorde a lo que es Uber. Esto implica considerar que los "socios conductores" tienen condiciones de trabajo flexibles: no poseen horarios fijos y se autodetermina en función de su propia voluntad y conveniencia. En este sentido, es imprescindible para la empresa que cualquier regulación y figura tributaria que se le aplique contemple las particularidades del servicio que, por definición, no lo consideran equiparable al que suministran los taxis. En este sentido, el ejemplo de San Pablo resulta paradigmático. Hace algunas semanas el alcalde de esa ciudad firmó un decreto regulatorio que permitirá a Uber y servicios similares operar en la ciudad más grande de América Latina. En lugar de cobrar una cuota plana, los servicios como Uber pagarán una cuota administrativa con base en el número de kilómetros recorridos en un viaje. Y estarán aportando a un fondo de movilidad urbana.
Fuente: El Observador
Imagen de archivo de un avión de American Airlines en EE UU. 
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